La crisis económica que está sacudiendo la Unión Europea ha puesto de relieve la profunda inconsistencia de la arquitectura institucional comunitaria, y muy especialmente del euro, del BCE y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La deriva de la crisis financiera hacia la crisis de la deuda soberana ha mostrado que la zona euro no constituye un área monetaria óptima y que las instituciones creadas no son aptas para afrontar una recesión de esta envergadura. La inestabilidad financiera ha afectado a la inestabilidad de las cuentas públicas, y la resolución de esta última es difícil sin contar con los instrumentos específicos de las finanzas públicas, la política monetaria, y del Banco Central como prestamista de último recurso. Por otra parte, ese marco monetario y financiero ha originado desequilibrios externos en los países periféricos, difícilmente corregibles al haber perdido herramientas clave como el tipo de cambio y la propia política comercial o el control de capitales.
Como consecuencia de ello, la crisis financiera se ha transformado en una crisis política e institucional, y está obligando a repensar aspectos esenciales del proceso de integración, su misma viabilidad y, consecuentemente, la gobernanza económica y política de la Unión.
