Con la reforma de la Ley 30/1992 llevada cabo en 1999, después de años de debate y protestas, la responsabilidad civil del profesorado ha dado paso a la responsabilidad de la Administración, que abona las indemnizaciones derivadas de los daños causados por el funcionamiento del servicio público educativo no sólo a alumnos y a padres, sino también a profesores. El libro presenta la teoría general de la responsabilidad patrimonial de la Administración del artículo 106.2 de la Constitución, aplicada al ámbito escolar, así como una amplia casuística referida a la Educación Primaria y Secundaria y su profesorado, recogida en sentencias de los Tribunales y dictámenes del Consejo de Estado y otros órganos consultivos de la Administración.
