Esta monografía llena un vacío en el estudio de la justicia transicional española. El paso del franquismo a la democracia no solo supuso la creación de nuevas instituciones políticas democráticas; también implicó el reconocimiento del daño sufrido por las personas que fueron víctimas del bando perdedor de la Guerra Civil y por las que fueron reprimidas por el franquismo. Este reconocimiento se ha materializado en diferentes formas a lo largo del proceso transicional: mediante placas conmemorativas, reconocimientos morales, estatuas, etc. Pero una de estas maneras, la más ignorada por los académicos y por el público en general, ha sido el ser beneficiario de reparaciones económicas públicas. Todos los Gobiernos del Estado español, así como la mayoría de Comunidades Autónomas, han regulado medidas de reparación económica: pensiones vitalicias a favor de mutilados civiles y militares, derechos pasivos a favor de militares del ejército republicano, pensiones a favor de familiares de desaparecidos, pagos únicos a favor de los presos políticos por el tiempo que pasaron en prisión, o a favor de los homosexuales internados en centros o prisiones, ayudas para los llamados æniños del exilio', restitución de bienes a favor de sindicatos y partidos políticos, indemnizaciones por la violencia política en el País Vasco, etc. Todas estas medidas se explican de manera detallada y transversal en esta obra. Además, se incluye una extensa información cuantitativa sobre el impacto que estas medidas reparadoras han tenido en las arcas públicas, accesible en la red. Con toda esta información, el lector será capaz de tener una panorámica de toda la justicia transicional reparadora, identificar sus carencias e intuir hacia dónde han de ir las futuras normas sobre la materia.
