Las dificultades de la traducción jurÃdica son harto conocidas. Para el traductor jurista, del que se presume una buena comprensión de la materia tratada y un conocimiento de los procesos y figuras descritos en un texto, asà como de la terminologÃa empleada, la dificultad consiste en encontrar la buena equivalencia en la lengua ad quem y, si la coincidencia conceptual es imperfecta o inexistente, en sugerir una que sea inteligible para el lector. No es poca tarea, pero peor lo tiene el traductor no jurista, que debe navegar por aguas que no conoce bien, llenas de escollos, sin más ayuda que un diccionario que, en el mejor de los casos, sólo le ofrece vocablos desnudos, sin concepto ni contexto, de manera que la elección entre uno u otro suele ser difÃcil y, por ello, de resultado incierto.La experiencia del autor en los Servicios LingüÃsticos de las Naciones Unidas en Ginebra con textos jurÃdicos de toda Ãndole, pero especialmente con los destinados a los mil y un órganos que forman la constelación de los Derechos Humanos, le indujo a pensar en la utilidad que podrÃa presentar para el traductor no jurista adquirir un conocimiento siquiera somero de las materias que debe manejar cada dÃa y, casi siempre, en un ambiente de agobio y premura. Compartida esa creencia por los responsables de dichos Servicios, el autor aceptó dar unos cursos sobre proceso penal comparado, materia casi siempre presente en los textos sobre derechos humanos. El interés mostrado por los asistentes y los resultados observados han compensado largamente el esfuerzo dedicado a la preparación de dichos cursos y confortado el pensamiento inicial del autor sobre la utilidad de la enseñanza impartida.
